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Fiscalía de Cuba pide diez años de cárcel para una influencer crítica de 22 años

Sulmira Martínez, joven influencer de 22 años, es acusada de desacato y de un delito contra el orden constitucional

La fiscalía de Cuba pide diez años de cárcel para una influencer de 22 años por mantener contactos con disidentes en el exterior, pretender organizar una manifestación y publicar en redes sociales comentarios críticos contra el Gobierno.

En su escrito, el fiscal acusa a Sulmira Martínez de desacato y de un delito contra el orden constitucional, y pide abrir el juicio oral a la sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

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La petición de la fiscalía se firmó el 15 de abril de este año, quince meses después de su arresto. La joven ha pasado todo este tiempo en prisión provisional entre el centro de detención de la Seguridad del Estado de Villa Marista y la Prisión de Mujeres de Occidente.

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Según el fiscal, Martínez inició entre finales de 2021 y principios de 2022 su actividad crítica en redes, que fue detectada por la Dirección de Análisis de la Información del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).

Se le imputa crear dos perfiles anónimos en la red social Facebook donde escribió frases como ‘Con la dictadura no se dialoga. Golpea, machácalos como ellos hacen contigo’, ‘Es hora de alzarnos en contra de quienes ponen a nuestros hijos a pasar hambre’ y ‘A la calle hasta el triunfo. Patria y vida’.

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También que se refirió de forma despectiva en tres ocasiones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Además, prosigue el escrito, la acusada creó en la aplicación de mensajería WhatsApp un grupo en el que abogó por planificar “otro 11 de julio“, en referencia a las mayores protestas antigubernamentales registradas en la isla, pero esto no se concretó de ninguna forma.

El fiscal la acusa de “seguir en redes sociales a diferentes personas con ideas contrarias al orden político, económico y social establecidos en la constitución”, identificarse con sus “objetivos” desestabilizadores y acceder a “incitar” a otros cubanos a manifestarse en redes y en la calle.

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El escrito dice que la acusada se comprometió a hacer carteles críticos -pero no que realmente los hiciera- y que se le animó a que confeccionase cócteles incendiarios, pero no que los fabricase.

Cuba ha procesado a varias personas por su actividad en redes sociales, según han denunciado diversas ONG, que critican que en la isla no se garantice la libertad de expresión, pese a que aparece recogido en la Constitución de 2019.

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