A la vez, anunció el envío de miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), quienes tomaron el control de los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Moroceli, El Paraíso; Támara y El Porvenir, Francisco Morazán.

Estas fueron las cárceles donde el 8 y el 9 de abril se registraron reyertas simultáneas que dejaron a una persona muerta y a otras siete heridas, y que provocaron que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenara una “enérgica intervención “del sistema carcelario.

La nueva determinación, ya tomada por la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que ella nombró y que encabeza Villanueva, contempla el envío del equipo élite de la Secretaría de Seguridad a estas cuatro cárceles, tres de ellas de máxima seguridad.

La decisión se generó en reacción a un nuevo hecho violento suscitado este miércoles en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, donde hubo un presunto enfrentamiento entre miembros de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 que dejó a siete personas heridas, aparentemente, sin gravedad.

En un comunicado, la vocería del INP, cuyas autoridades fueron renovadas el lunes, informó que hubo disparos con armas de fuego, los cuales se generaron desde los ventanales de los módulos separados en que conviven, a pesar de la rivalidad criminal que les caracteriza.

Los heridos son atendidos en el Hospital de Santa Bárbara.

Desarme y otras medidas
Con relación a la portación de armas, la Junta Interventora insistió que se realizará un desarme real a través de los registros manuales y electrónicos que se realizarán de manera permanente al interior de las instalaciones penitenciarias.

Esta es una de las medidas anunciadas un día atrás por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, desde Casa Presidencial, durante la presentación de su plan estratégicos de intervención del sistema penitenciario.

De igual modo, existirá bloqueos de señales telefónicas, remoción y depuración de personal penitenciario,instalación de desarrollo de sistema de monitoreo y vigilancia-

Además, traslado y reubicación de los privados de libertad, y reclasificación y aislamiento de los privados con vínculos con estructuras criminales.

También abarca la evaluación y práctica de pruebas de confianza al recurso humano policial y civil, el aumento de agentes penitenciarios y policías, y la creación de un banco de privados de libertad.